El reciente fallo de la corte constitucional sobre el referendo reeleccionista constituye un respiro democrático en medio de la cadena de violaciones a las normas y procedimientos legales contemplados por la ley para tramitar este tipo de iniciativas. Los más neófitos en el tema veíamos con absoluta sorpresa, las trapisondas de los uribistas para imponer a como diera lugar el referendo reeleccionista, con el autoritarismo que los ha caracterizado desde que triunfaron en las elecciones del 2002 y con el desprecio por las propias leyes que los congresistas juraron respetar y acatar. Todo les parecía posible en nombre del Estado de Opinión y nada les era vedado para lograr el objetivo supremo de prorrogar por segunda vez el mandato del presidente.
Con el mensaje de “si no es él, entonces quién”, los colombianos se fueron acostumbrando a aceptar dócil y acríticamente cada una de sus decisiones personales, tomadas espontáneamente en cada consejo comunitario, transmitido por la televisión en vivo y en directo o desde los Call Center como máximas expresiones de la democracia directa, o del Estado de Opinión, según José Obdulio Gaviria, el llamado “Goebbels” de la seguridad democrática.
Pero diferentes sectores de opinión fueron despertando poco a poco del sedante mediático desde cuando los jueces comenzaron a fallar en contra de los congresistas parapolíticos, o cuando se nombró un procurador general para pronunciarse en nombre de la comunidad católica y no de los intereses superiores del Estado contra los derechos de los homosexuales o de las mujeres para decidir la interrupción de los embarazos no deseados; y también cuando el procurador comenzó a suplantar a los jueces legítimos en los procesos judiciales de los amigos del gobierno. Luego llegaron los llamados “falsos positivos” como novedoso sistema de estímulos económicos en las FFAA, el descubrimiento de una fosa común en la Macarena con más de 2000 cuerpos baleados que apenas si recibió un tratamiento de segundo orden en los medios masivos de comunicación y la ausencia de explicaciones por parte del gobierno, el rechazo generalizado a la idea de convertir a los estudiantes en informantes y los decretos de emergencia económica y social para reformar la salud a imagen y semejanza de las EPS privadas.
Cuando ya habíamos superado cualquier capacidad para sorprendernos, llegó el fallo de la corte constitucional, “descubriendo” una veintena de irregularidades cometidas por los promotores del referendo que ya eran vox populi, tales como el aporte de dineros ilegales y la violación de los topes a la financiación de la campaña, el incumplimiento de los procedimientos trazados por la Comisión Nacional Electoral para el trámite de la iniciativa, el cambio de la pregunta del referendo por parte del Congreso de la República, y otra cantidad de irregularidades que no alcanzaríamos a reseñar en este corto espacio. Lo que verdaderamente sorprende es que para el Procurador General de la Nación estas irregularidades, algunas de las cuales constituyen delitos, eran simples asuntos de forma que no impedían el paso airoso de esta iniciativa por los controles constitucionales. Lo que sorprende es que ningún juez eleve cargos contra esos delincuentes de cuello blanco.
Lo cierto del caso es que la hegemonía de la seguridad democrática se ha venido a pique y hoy saludamos que por fin Álvaro Uribe finiquite su largo mandato y regrese con Lina y los niños a la hacienda El Ubérrimo a ejercer sus labores de capataz en los límites de su parcela. Pobre Lina.