Violación permanente de las normas de convivencia ciudadana. Manizales.
Por Luis Fdo. Acebedo R.
¿Por qué razón la ciudad de Manizales, después de aprobar su POT en el año 2001, haber hecho una primera revisión en el año 2003 y otra en 2007, aún no logra ponerse de acuerdo en la aprobación de sus normas de urbanismo y construcción, cuya última versión data del año 1993?. Esta es una inexplicable paradoja que puede tener múltiples interpretaciones.
Una de ellas tiene que ver con la aparente resistencia de los promotores inmobiliarios y los particulares en general para lograr la confluencia de las antiguas normas de urbanismo y construcción inspiradas en el desarrollo predio a predio, con las normas estructurales del ordenamiento territorial, que por su naturaleza, deberían partir del interés general y colectivo de la ciudad.
En efecto, tanto el sector público como el privado, han gestionado la ciudad a partir de motivaciones coyunturales y aisladas, aparentemente inspiradas en un interés general, pero de gran fragilidad en la consolidación de la estructura urbana y el modelo de ocupación territorial. Es por eso que históricamente la mayor dinámica de la ciudad se ha dado a partir de la construcción de infraestructuras o equipamientos, cuyo producto final casi siempre es deficitario en términos de las obras de urbanismo que demandan para su adecuado funcionamiento: Proyectos viales con amplias restricciones para la movilidad peatonal y precarias dotaciones de mobiliario urbano; equipamientos públicos infradotados; incremento constante del parque automotor privado sin soluciones integrales a los conflictos crecientes en la movilidad, tránsito y transporte; autorizaciones de usos del suelo con mínimas exigencias en cuanto a los requerimientos urbanísticos de soporte; entre otras experiencias que hacen pensar que en Manizales la dinámica del desarrollo urbano está más asociada a la construcción de proyectos de infraestructura con estándares mínimos de calidad que al ordenamiento territorial propiamente dicho.
El asunto no sería fácil de comprender si de antemano no se partiera del reconocimiento de unas prácticas y tradiciones que han prevalecido en Manizales durante más de un siglo de crecimiento urbano inspirado en el concepto de una visión ingenieril que ha puesto su énfasis en las infraestructuras como máxima expresión de progreso y desarrollo. Los pocos intentos de planeación urbana en Manizales siempre han fracasado; quizás el de mayor impacto haya sido el Plan Maestro de Obras para la celebración del centenario de la ciudad a mediados del siglo XX, que se prolongó por casi 20 años y permitió la confluencia de recursos nacionales, departamentales y municipales. Pero más que un plan, significó la posibilidad de dinamizar la economía urbana a través de obras cuya sumatoria no necesariamente representaron un ideal de ciudad “moderna y progresiva” como se sostenía en aquella época.
Esto explica de alguna manera, las enormes debilidades del POT actual para instaurarse como un proyecto colectivo de ciudad y la mayor dinámica que tiene el código de construcciones de 1993, anacrónico y descontextualizado, como único instrumento eficaz que regula a los promotores inmobiliarios en su dinámica edilicia. En el intermedio de esta relación existen grandes vacíos en aspectos sustanciales que regulan el derecho de propiedad y el valor de los precios del suelo, como por ejemplo, la libertad de usos del suelo en toda la ciudad, la expansión urbana en cualquier dirección según la dinámica del mercado –incluso en los centros poblados que rodean la cabecera municipal- y la resistencia a aprobar los instrumentos de gestión urbana o un acuerdo de plusvalías como base para la repartición equitativa de las cargas y los beneficios que se derivan de las actuaciones urbanísticas.
Sobre esta base, es lógico entender las razones por las cuales la ciudad de Manizales aún no logra incursionar apropiadamente en el uso del Plan Parcial como instrumento de planeación intermedia en la ciudad y como mecanismo para regular las actuaciones urbanísticas en determinadas porciones de su territorio. También es posible inferir la prevalencia histórica del concepto del “mínimo necesario” que aplican los promotores inmobiliarios en el desarrollo de sus proyectos, en contraste con la lógica de “la máxima rentabilidad” de sus operaciones urbanas.
Tal y como lo planteó la administración distrital de Bogotá (2003) en la exposición de motivos para aprobar las normas de participación de las plusvalías en su ciudad “el proceso de la gestión estatal de la urbanización de la tierra termina siendo un factor de especulación y eventual exclusión social”. Esto quiere decir que la especulación urbana no sólo es atribuible a los particulares; el propio Estado puede interferir de manera sustancial en ese proceso, aún dentro de la dinámica del Ordenamiento Territorial. Esta parece ser la realidad en la ciudad de Manizales. El POT se convirtió en un documento meramente indicativo, sujeto a permanentes cambios o incluso a su desconocimiento por la propia municipalidad, mientras que las decisiones sobre el territorio se toman al tenor del Plan de Desarrollo de cada Administración o a la dinámica inmobiliaria de los particulares, según los vaivenes de la economía de la construcción.
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial hacen parte de una dicotomía en la esfera de lo público que aún no logra resolverse en función de los intereses superiores de la colectividad. Así como las inconsistencias entre el Ordenamiento Territorial y el Código Urbano representan para los promotores inmobiliarios una oportunidad para moverse libremente entre uno u otro según los intereses coyunturales.
¿Cuándo podremos lograr que los intereses públicos y colectivos representen el gran acuerdo ciudadano sobre los cuales puedan regularse las actuaciones legítimas de los particulares y de las administraciones de turno?
21/07/09
