Qué hay de común entre Manizales, Estambul y Río de Janeiro? Son “ciudades de excepción”.

Por: Luis Fernando Acebedo R

Las manifestaciones masivas de junio de 2013 que condujeron a la toma de la plaza Taksim y el Parque Gezi en Estambul (Turquía), las protestas del mes de julio en Rio de Janeiro (Brasil), o las resistencias ciudadanas en Manizales en el año 2010, parecen coincidir en un factor detonante, si bien tienen contextos políticos y sociales diametralmente diferentes: se trata de reacciones ciudadanas de rechazo masivo al desarrollo de Grandes Proyectos Urbanos –GPU- inspirados en el “marketing” de ciudades muy propio del período de la globalización neoliberal de los mercados.

En el caso de Estambul fueron más de dos semanas de intensas protestas de ciudadanos que prefirieron tomarse literalmente la plaza Taksim para protegerla del inicio de un megaproyecto que buscaba derrumbar un conjunto de árboles del Parque Gezi, contiguo a la plaza que ha servido de lugar histórico, de encuentro y deliberación política de los estambulíes. La destrucción de este remanente de vegetación en el centro de la ciudad pretende ser reemplazado por un proyecto inmobiliario y comercial de grandes proporciones a partir de unos referentes estéticos otomanos vulgarmente descontextualizados que hacen alegoría a los “antiguos cuarteles militares de Topçu, unos barracones que hace dos siglos ocuparon el mismo espacio donde hoy se extiende el parque de la polémica” (Hurtado, 2013).

Plaza Taksim y Parque Gezi. Fuente: http://blog.archpaper.com/wordpress/archives/63109

Render del Proyecto de la discordia. Fuente:  http://blog.archpaper.com/wordpress/archives/63109

Un tribunal administrativo de Estambul paró el proyecto por la demanda que hiciera el Colegio de Arquitectos de Estambul, quienes argumentaron que el fin del proyecto “era llenar de hormigón, deshumanizar y despersonalizar la plaza de Taksim y el parque Gezi» (La Vanguardia, 2013). Las protestas se desataron luego de que el gobierno del primer ministro Erdogan con la anuencia del alcalde, comenzó a despejar el terreno con excavadoras tumbando varios árboles y modificando un espacio público de más de tres hectáreas al oeste de la plaza Taksim con numerosos caminos que circundan el parque repleto de vegetación y sombras. Este espacio abierto había sido utilizado a principios del siglo XX como estadio de fútbol y luego como parque público a partir de la década de los años 40.

Es la misma Estambul que nos mostró magistralmente Orhan Pamuk, premio nobel de literatura en el año 2006, a través del libro que retrata los recuerdos de su vida familiar y describe –apoyado en su formación de arquitecto- la mutante espacialidad urbana y el dinamismo del estrecho del Bósforo. Ambas dinámicas encontraron nuevos bríos a partir de la occidentalización del país emprendida después de la I Guerra Mundial por el oficial Mustafá Kemal. Pamuk (2006) rememora con melancolía su infancia en la ciudad, acudiendo a sus percepciones sobre olores, colores del paisaje urbano, sentimientos de amargura y melancolía, entre otras. Compara la plaza Taksim con un árbol Castaño de 50 años que él y su familia protegieron en su vecindario ante la insensibilidad de los desarrollistas empeñados en tumbarlo para ampliar la calle. “Hoy la plaza Taksim es el castaño de Estambul, y debería seguir siéndolo” (Pamuk, 2013).

Al otro lado del globo terráqueo, en la ciudad tropical de Río de Janeiro, se gestó una de las multitudinarias movilizaciones que luego se extendieron a varias ciudades de Brasil. Estas protestas tuvieron como detonante el incremento en la tarifa del servicio de transporte público; sin embargo, la llama se expandió por las principales ciudades con manifestaciones que duraron tres semanas cuestionando la calidad de los servicios de educación y salud, entre otros. Es que los ciudadanos cariocas aún no justifican las millonarias inversiones del gobierno Rousseff en obras de infraestructura para la Copa Mundial de Fútbol del 2014 cuando todavía tienen fresco el recuerdo de los Juegos Panamericanos de 2007 en el que no hubo tantos beneficios para la población como les habían prometido.

En efecto, sectores intelectuales y académicos de Río de Janeiro han venido cuestionando la participación de Brasil en este tipo de proyectos, tomando como referente la experiencia reciente de esos Juegos que fueron justificados como una estrategia de desarrollo para la ciudad con la promesa de generar muchos empleos, realización de inversiones en infraestructura y divulgación de la imagen de Río de Janeiro en el ámbito internacional. Un año después del certamen, los informes económicos derrumbaron el optimismo generado al comienzo, pues la inversión privada no logró superar el 5% del total de gastos (De Oliveira, 2012: 307). Según este autor “Ese balance deshace el mito de la participación del sector privado en las inversiones de los Juegos Panamericanos”, entre tanto, advierte, los juegos “sacrificaron” el cumplimiento de otros deberes de gobierno frente al conjunto de la ciudad. Pero más grave aún, es que después de terminados estos proyectos, las infraestructuras construidas van quedando administradas o en poder de empresas privadas.

El arquitecto brasileño Francisco “Chico” Whitaker, cofundador del Foro Social Mundial y activista por los derechos sociales ha expresado que la explicación a estas protestas “Se vincula a su sumisión a un modelo económico basado solo en el crecimiento económico, bajo la dominación de los grandes capitales internacionales” (Rey, 2013). Similar hipótesis plantea Boaventura de Sousa Santos (2013) cuando sostiene que “La calidad de vida urbana empeoró en nombre de los eventos de prestigio internacional, que absorbieron las inversiones que debían mejorar los transportes, la educación y los servicios públicos en general”.

Río de Janeiro será nuevamente sede de los Juegos Olímpicos de Verano 2016, mientras que Estambul aspira a ser sede de la XXXII versión de estos juegos en el 2020 ante la oposición de los movimientos urbanos de esta ciudad y de la Coalición Internacional para el Hábitat, quienes imploraron al Comité Olímpico de Estambul eliminarse de la lista de ciudades que aspiran a ser sede de los juegos de verano 2020, argumentando que la violencia policial contra las recientes protestas son prueba suficiente de la forma en que el gobierno viola los ideales de los Juegos Olímpicos (Molly, 2013). A principios del mes de Julio se conoció la noticia de que la ciudad de Buenos Aires, gobernada por el controvertido alcalde neoliberal Mauricio Macri fue elegida como sede de los juegos olímpicos de la juventud en 2018, muy a pesar de la opinión del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Manizales no es una metrópoli como Estambul o Río de Janeiro. Apenas si se distingue en los mapas entre las escarpadas montañas y espesas nubes de los andes colombianos. No es puerto marítimo ni tampoco fluvial, pero sí tiene un río no navegable llamado Chinchiná que baja agresivo de las altas montañas de un ecosistema de páramo y del que se abastecen de agua medio millón de personas aproximadamente, las mismas que se quedaron sin agua durante 27 días en el año 2011 porque la empresa de Acueducto pensaba más expandir sus mercados a Latinoamérica que en hacer adecuado mantenimiento a las plantas de tratamiento de la ciudad y proteger a sus usuarios de las inclemencias invernales. Por fortuna, no ha tenido la pretensión de disputarse la sede de estos juegos mundiales, aunque ganas no le han faltado. Pero en el pasado reciente (2010) y muchos más anticipadamente que las manifestaciones de Estambul o Río de Janeiro, fue testigo de una asonada en la que espontáneamente los ciudadanos decidieron desmontar por las vías de hecho la imposición de un sistema tecnológico que “revolucionaría” el transporte de la ciudad, llamado eufemísticamente Transporte Inteligente de Manizales –TIM-. Una semana de inconformidades, protestas, asambleas ciudadanas, marchas y movilizaciones, dieron al traste con esta iniciativa improvisada. En aquella época no dudamos en afirmar categóricamente “que no es un proyecto inteligente para una ciudad inteligente. Más bien es un proyecto de competitividad empresarial en un entorno social altamente empobrecido y desigual” (Acebedo, 2010).

Pero como si eso hubiese sido poco, las siguientes administraciones municipales han continuado implementando estrategias de “marketing” urbano con otros megaproyectos que aspiran vender en las ferias inmobiliarias de los mercados nacionales o internacionales. La ciudad y el territorio de Manizales están en venta, los ciudadanos del común no saben para qué o con qué fines, pero están en venta. Se ha ofertado la construcción de un “aeropuerto internacional” cuyos estudios técnicos se hicieron años después de iniciada su construcción, incrementando su valor de 80 mil millones de pesos presupuestados originalmente en el año 2005 a 1.2 billones en el año 2013. En el Macroproyecto de Renovación Urbana San José se ofrece suelo urbano para comercio y servicios, luego de concretar la expulsión y el desplazamiento urbano de cientos de familias de escasos recursos económicos. Paradójicamente, la compra de predios se hizo en nombre del “interés social” y con el propósito de solucionar los problemas de vivienda a los que carecían de ella. Los Cables Aéreos se han realizado sin estudios serios de origen y destino, por lo cual hoy son insostenibles económicamente. Uno de ellos, el que conduce del sector de El Cable al Parque Los Yarumos nació muerto, pese al llamado de muchos ciudadanos que denunciaron su inutilidad, toda vez que conducía a un Parque administrado con criterios privados y quebrado por una pésima y cuestionada gestión.

En general, son 19 Grandes Proyectos Urbanos –GPU- los que hacen parte de esa bolsa inmobiliaria. Además de los anteriores, están involucrados un Puerto Marítimo (aunque la localización de Manizales es mediterránea), un Terminal de Transportes recientemente inaugurado pero incompleto y con serios problemas financieros; nuevos proyectos de Urbanización (Baja Suiza) en un terreno de 15 hectáreas expropiado por motivos de utilidad pública y hoy arrendado parcialmente a un almacén de grandes superficies para su usufructo privado; una Zona Franca que no logra ser atractiva en el mercado después de cinco años de promoción, centros recreativos y algunos Ecoparques abandonados, entre otros. Todos tasados en más de 2 billones de pesos. Ninguno de los que están en desarrollo ha salido bien librado por falta de planeación o claridad en la estructuración financiera de tales proyectos. Todos están siendo investigados por diferentes organismos de control, principalmente la Contraloría de Manizales, tienen involucradas investigaciones disciplinarias, administrativas, fiscales o incluso penales.

Aun así, la resistencia ciudadana continúa gestándose de diferentes formas de organización y de rechazo a tales iniciativas, aunque no logra la contundencia de Estambul o Rio de Janeiro. Una de esas formas de resistencia –complementaria al uso del derecho a la expresión y movilización ciudadana- se desarrolla en los estrados judiciales y ha tenido importantes victorias que han restablecido derechos fundamentales de los ciudadanos, tanto privados como públicos.

El Parque Gezi en Turquía comparte con Manizales en Colombia una característica interesante: los tribunales de justicia han intercedido en los conflictos pronunciándose a favor de la protección de derechos urbanos individuales y colectivos, bien sea paralizando los proyectos (Parque Gezi o TIM) u obligando a restituir derechos conculcados (al patrimonio arquitectónico, al espacio público o al trabajo) en Manizales. Y esto se ha presentado quizás por una razón: es muy común observar que en épocas de globalización de los mercados y cuando las administraciones públicas responden al modelo de ciudad-empresa, la gestión urbana ha abandonado los intereses públicos que el ordenamiento jurídico considera como de superior jerarquía, por los intereses privados de unos cuantos empresarios de la construcción, el sector inmobiliario o las finanzas.

Todo parece indicar que los Grandes Proyectos Urbanos sólo podrían desarrollarse en la “ciudad-empresa” del neoliberalismo, si y solo si, definen un marco de leyes de excepción que garantice la seguridad jurídica, aplique medidas de expropiación, la venta de activos públicos inmobiliarios, exenciones tributarias y fiscales, licenciamientos ambientales “de emergencia” y quizás lo más importante, la capacidad de imponerse por encima de los planes de ordenamiento territorial como instrumentos de superior jerarquía. A todo ello se le ha denominado internacionalmente “la ciudad de la excepción” (Comitês Populares da Copa, 2011). En este sentido, los tribunales han servido de garante de la legalidad y de los derechos públicos y colectivos en la ciudad, es decir, han impartido justicia espacial.

Algunos funcionarios públicos critican estas actuaciones oportunas de los jueces aduciendo su ignorancia en el derecho urbano; nada más impreciso e incorrecto. Tales funcionarios pasan de largo por la necesaria autocrítica ante la ausencia de políticas públicas, su fragmentación o incluso negación, por cuenta de las indignantes genuflexiones de los servidores públicos a fin de responder positivamente a todas las presiones del capital financiero o inmobiliario para desarrollar proyectos de infraestructura que movilicen sus recursos, así tales proyectos violen el ordenamiento jurídico, no sirvan para nada o tengan un mínimo de réditos sociales. Ante la ausencia de claridad en la política pública, o por clara violación a las leyes, los jueces han fallado responsablemente protegiendo los derechos conculcados públicos o privados más inmediatos.