Por: Luis Fernando Acebedo Restrepo
(Arquitecto, Doctor en Urbanismo, Profesor Asociado de la Universidad Nacional de Colombia)
(Las opiniones aquí expresadas no comprometen el pensamiento de la Universidad Nacional de Colombia)
Señor Procurador General de la Nación, Doctor Fernando Carrillo Flórez.
Gracias por venir a Manizales para enterarse de primera mano de uno de los grandes conflictos ambientales que tiene la ciudad por cuenta del emprendimiento privado para desarrollar un Plan Parcial de vivienda localizado en suelo rural de acuerdo al POT vigente. En efecto, el acuerdo 958 del 2 de agosto de 2017 definió un nuevo Modelo de Ocupación Territorial en el cual se protege la Reserva Natural Protectora Rio Blanco y sus zonas amortiguadoras de toda pretensión de urbanización. Esto se garantizó mediante la exclusión del llamado polígono 4 de la hacienda La Aurora como zona de expansión urbana, correspondiente a 56,11 hectáreas, y la negación de la propuesta para incorporar al nuevo POT la urbanización de suelos rurales del sector de La Alambra, equivalente a 277,34 hectáreas. Ambos predios están localizados en la zona nor-oriental de la ciudad en donde se encuentra la Reserva Rio Blanco.
El conflicto actual esta en la contradicción existente entre las licencias de urbanismo y construcción que le fueron entregadas a los promotores privados del Plan Parcial y las nuevas determinantes estructurales que le devolvieron a la ciudad estos predios como suelo rural, dado su carácter estratégico para la protección de la reserva Rio Blanco y la Estructura Ecológica Principal del municipio como fuentes de vida para las generaciones actuales y futuras. De allí depende el 35% del agua para consumo humano de los habitantes de Manizales. En últimas, hay un conflicto entre el interés general, público y colectivo, y los intereses particulares del dueño de la tierra y el constructor.
El municipio, que debió actuar de oficio demandando las licencias de urbanismo y construcción para hacerlas compatibles con las decisiones estructurales del nuevo POT, no lo hizo, por lo cual, le ha correspondido hacerlo a los ciudadanos, a través de la Convergencia “Todos Somos Rio Blanco”, ante el vacío institucional para representar los intereses generales, colectivos y estratégicos del municipio.
Para nosotros los ciudadanos, lo que está sucediendo con estas 25,94 hectáreas de suelo en disputa del Plan Parcial de La Aurora, es lo que se ha venido tipificando como un “volteo de tierras” a nivel nacional. Consiste en introducir modificaciones a los planes de ordenamiento territorial a solicitud de personas influyentes en la política, interesados en enriqueserse sin ningún esfuerzo de agregación de valor al suelo, con lo cual se apropian ilegalmente de las plusvalías urbanas que el Estado genera, ocasionándole a los municipios graves consecuencias económicas, ambientales y sociales. Es una nueva y sofisticada modalidad de corrupción que penetra las esferas del ordenamiento del territorio y compromete a algunos empresarios, alcaldes, concejales y funcionarios públicos del orden local, regional y nacional, de cuestionables principios éticos, como bien usted, señor procurador, lo ha denunciado en otros contextos.
Los predios de La Aurora hacían parte de la declaratoria de la Zona de Reserva Forestal Central que se despliega por la Cordillera Central desde Nariño hasta el sur de Antioquia, definida por la Ley 2ª de 1959. Esta Zona se volvió del interés de los capitales privados locales, nacionales y globales; por eso existe una andanada de solicitudes de sustracción de predios de esta zona en diferentes lugares del pais, motivados por la explotación de sus recursos naturales o, como en el caso de Manizales, con fines de urbanización.
El primer POT aprobado mediante Acuerdo 508 de 2001, tuvo un carácter eminentemente urbano, ignorando el territorio rural. Adoptó una visión muy restringida hacia la gestión del riesgo en la ciudad. Fue la primera modificación del POT, definida por el Acuerdo 575 de 2003 que incorporó los predios de La Aurora como suelos de expansión urbana, sin haberse aprobado todavía la sustracción de estos predios de la Reserva Forestal Central por parte del Ministerio de Ambiente, lo cual comenzó a gestarse a nivel nacional mediante la Resolución 763 de 2004 (MAVDT), y para el caso particular de La Aurora, con la Resolución 196 del 28 Febrero de 2013. Después de la sustracción, en el año 2015, se aprobó el Plan Parcial de La Aurora mediante Decreto 289 y se inició la solicitud de licencias de urbanismos y construcción.
La zonificación ambiental de la Cuenca del Rio Chinchiná que hizo Corpocaldas con la Universidad Nacional de Colombia, recomendó para la Reserva Forestal Protectora, anillos de contención de 700 metros a partir del límite del área protegida, asumiendo las conclusiones a las que también había llegado la consultora HTM en la misma fecha en torno a la definición de la Estructura Ecológica Principal del Municipio.
Como se puede observar, fueron 13 años de acciones entre funcionarios del Ministerio de Ambiente, Corpocaldas, Alcaldía y Concejo, orientadas a sustraer estos suelos de la Zona de la Reserva Forestal Central, despojándolos de su función amortiguadora, y posteriormente, habilitándolos como suelos de expansión urbana con unas intensidades de uso de 10 y más pisos de altura, ampliamente cuestionados por los expertos, debido a los impactos negativos sobre las especies de fauna y flora, especialmente de aves, que allí habitan en cantidades muy considerables.
Corpocaldas ha argumentado que la licencia ambiental concedida por ella para la realización del Plan Parcial, se debió, entre otros factores, a que no había una reglamentación de las zonas con función amortiguadora. Similar argumento utilizó el municipio de Manizales, al decir que como no hay un acuerdo de plusvalías aprobado, no podía aplicar su cobro en el Plan Parcial. Para ambas instituciones no fueron suficientes trece años, desde que se iniciaron las gestiones orientadas a la urbanización de estos predios, para hacer los arreglos institucionales que permitieran el uso democrático de estos instrumentos. Su falta de interés y actuación ha provocado la entrega, a título de gratuidad, de la valorización del suelo derivado de los tres hechos generadores de plusvalía, previstos en la ley 388/97, a saber: la incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana, la zonificación de usos del suelo, el mayor aprovechamiento de suelo en edificación. Y para colmo de males, han aprobado un ejercicio de reparto de cargas y beneficios dentro del proyecto que redundará en costos adicionales que los próximos alcaldes deberán asumir, derivados de la culminación de las vias de acceso, el mantenimiento de áreas de cesión infradotadas y la mitigación de los impactos ambientales generados por la presencia de unas 15 mil personas intentando usufructuar los servicios ambientales de la reserva por su proximidad.
Es evidente el debilitamiento de la Estructura Ecológica Principal del municipio con un Plan Parcial que abre las puertas a futuras urbanizaciones sobre una zona de amortiguamiento, necesaria para la protección de la Reserva Río Blanco, porque está claro que el avance de este proyecto, abrirá más temprano que tarde, la posibilidad de reformar el POT para incorporar más suelo de expansión urbana en este sector. La inexistencia de este tipo de zonas amortiguadoras en otros sectores de la ciudad considerados Ecoparques (léase Monteleón o Alcázares-Arenillo, entre otros) ha significado la reducción progresiva de sus áreas protectoras por procesos de urbanización privada y pública, comprometiendo seriamente su existencia como tal.
En Manizales, la negación sistemática e histórica para la aplicación de instrumentos democráticos de gestión del suelo puede rastrearse en el macro-desastre San José, en donde en este momento se están definiendo los planes para trasladar a los privados la plusvalía urbana generada en 10 años de cuestionables intervenciones públicas sobre un terreno de 110 hectáreas, orientadas a la expulsión de sus moradores y a la compra o expropiación de predios, cuando el sentido original del proyecto fue la construcción de VIS y VIP para dichas comunidades afectadas; también está presente en la fracasada Zona Franca, cuya urbanización de lotes con presupuesto público, se vende al mejor postor del sector privado; y por supuesto también en los predios de la Baja Suiza, que luego de dos décadas de expropiaciones por motivos de utilidad pública, fueron entregados a un privado, subvalorados, perdiendo la ciudad terrenos estratégicos para el desarrollo de proyectos de interés general.
Señor Procurador, no pueden los funcionarios públicos seguir argumentando la ausencia de reglamentación en la financiación y gestión del desarrollo ambiental y territorial, previstas en las leyes nacionales para favorecer el enriquecimiento de los privados. No pueden seguir aplazando el deber que tienen de procurar las normas que la ciudad requiere para armonizar el interés público -que ellos deben representar y garantizar-, con el interés privado, del cual son acuciosos defensores y promotores. No pueden seguir feriando el patrimonio público, comprometiendo la supervivencia de las generaciones futuras. Desafortunadamente la justicia ambiental y territorial no llega, pese a que hay recursos jurídicos por resolver desde hace años. Y mientras tanto, el daño ecológico avanza de manera irremediable desde finales del año 2017.
Señor Procurador, demandamos su intervención urgente para detener esta debacle, tanto en el caso de Rio Banco como en los demás proyectos urbanos que están en ejecución en Manizales bajo la misma estrategia de trasladar los recursos públicos al sector privado, contribuyendo con ello a la profundización de las desigualdades sociales, como bien lo han evidenciado los recientes informes de “Manizales Cómo Vamos”.
Muchas gracias.
17 de agosto de 2018
Para ver el video de la intervención del Procurador General de la Nación en esta audiencia, ir a: https://youtu.be/7TG0xmhMPmQ
