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Indignación y resistencia contra los macro-proyectos VIS y VIP de San José (Manizales) y San Antonio (Buenaventura)

Por: Luis Fernando Acebedo Restrepo. Profesor Universidad Nacional de Colombia.

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Área de destrucción de viviendas del Macroproyecto San José.
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Zona actuación de la construcción del Malecón Bahía de la Cruz (Buenaventura)

En la época de la globalización de los mercados, los movimientos sociales urbanos han adquirido una connotación especial respecto de aquellos que en la sociedad industrial representaron las reivindicaciones sociales por el derecho a la ciudad, desde la Comuna de París con sus consignas de libertad, igualdad, fraternidad, hasta los que se sintetizaron en la revuelta de mayo del 68 y que Lefebvre (1968:167) resumiera como derechos en formación, es decir, el derecho al trabajo, a la instrucción, a la educación, a la salud, al alojamiento, al ocio y a la vida. Y quizás el más importante para él por su carácter totalizador, el derecho a la ciudad, entendido como “la proclamación y la realización de la vida urbana como reino del uso”, desprendido del valor de cambio.

La connotación especial diferenciadora de la época actual la resume Harvey (2007, 2007a) bajo el concepto de “justicia espacial” o “justicia social territorial”. Se trata de una idea que busca trascender dos categorías que se han quedado cortas: por un lado, el concepto de justicia social que tiene un origen normativo pero reclama su incorporación a los métodos de análisis geoespaciales en términos de la asignación de cargas y beneficios en el territorio; y por otro, la necesidad de ensanchar y ampliar el ámbito de los derechos humanos universales para que vayan mucho más allá de los reconocidos en 1948, especialmente en lo relacionado con el “derecho de producción de espacio” (Harvey, 2007:108), o mejor “el derecho al desarrollo geográfico desigual, a construir distintas formas de asociación humana caracterizadas por diferentes leyes, normas y costumbres en una variedad de escalas” (Harvey, 2007; 114,115). Bajo esta perspectiva “El derecho a la diferencia se enfrenta a la universalidad de los derechos”.

Grandes Proyectos Urbanos y derecho a la ciudad.

Los Grandes Proyectos Urbanos (GPU) no son recientes en el mundo de la planeación y el urbanismo. Podría decirse que son consustanciales a la modernización e industrialización de la sociedad. El proyecto más emblemático para el capitalismo fue sin duda la renovación urbana de Paris por el Barón Haussmann en el siglo XIX. Allí se consagraron unos principios que se aplicaron como regla de oro a todo lo largo del siglo XX en muchas ciudades del mundo: Expulsión de los pobres de las áreas centrales a las periferias, ingreso de sectores sociales altos[1], saneamiento e higiene mediante el arrasamiento de las construcciones antiguas con graves efectos sobre los imaginarios y el patrimonio histórico y arquitectónico, control social y seguridad ligados a la rápida accesibilidad de los ejércitos por medio de amplias avenidas, revaloración del suelo y de las construcciones.

Los movimientos sociales urbanos que resisten a los GPU en épocas de globalización de los mercados tienen una fuerte raigambre territorial, son el resultado de procesos de resistencia social frente a dinámicas de homogenización cultural o económica, su ebullición generalmente se da por particularismos aparentemente insignificantes pero se expanden más allá de sus fronteras a través de las redes sociales en la búsqueda de solidaridades regionales o internacionales.

Son movimientos sociales que por lo general combinan tres escenarios, la re-significación del espacio como lugar de encuentro simbólico y nuevos imaginarios, el uso de herramientas jurídicas para hacer prevalecer las garantías y derechos públicos y colectivos del Estado Social de Derecho frente a las ilegalidades e ilegitimidades del mercado actuando desde las estructuras de gobierno y, finalmente, la protesta social mediante la combinación de instrumentos abiertos y flexibles, tales como las redes sociales, los cabildos abiertos, las mingas, las tomas efímeras de plazas y parques como símbolos de resistencia y reivindicación de la memoria colectiva.

Los MISN como GPU de renovación urbana: la dignidad hecha pedazos.

Los Macroproyectos de Interés Social Nacional (MISN) son una estrategia implementada por el gobierno nacional desde el PND 2006-2010 para desarrollar Grandes Proyectos Urbanos (GPU) orientados a la construcción de Vivienda de Interés Social (VIS) e Interés Prioritario (VIP). La estrategia se ha seguido implementando hasta la fecha, aunque en el camino se han producido ajustes importantes. Quizás el más destacado es el que tiene que ver con el fallo de la Corte Constitucional (sentencia C-149/2010) al declarar inexequible el artículo 79 del PND 2006-2010 que aprobó y reglamentó los MISN de manera centralizada, obligándolos a su reformulación. La Corte consideró que el art. 79 del PND violaba la descentralización administrativa y los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, contenidos en la carta política de 1991. Pese a ello, la Corte consideró que aquellos Macroproyectos que ya estaban aprobados debían continuar para garantizar que los recursos ya comprometidos en tales proyectos no se vieran afectados. Esto permitió que 11 macroproyectos, entre los cuales se encontraban el de Manizales, conocido técnicamente como “Centro Occidente de Colombia San José – Manizales (Caldas)”, en adelante San José, y el de Buenaventura, conocido como “Ciudadela San Antonio –Buenaventura (Valle)”, en adelante San Antonio, siguieran su curso.

Los Macroproyectos de San José y San Antonio tienen una particularidad respecto a los demás, son los dos únicos GPU a nivel nacional concebidos bajo la figura de la Renovación Urbana “como instrumento para el mejoramiento físico, social y ambiental de las áreas centrales de las ciudades para generar oferta de vivienda” (Conpes 3583/2009).

El Macroproyecto San José definió un área bruta de intervención de 111 hectáreas, orientado a beneficiar a unas 25 mil personas habitantes de la Comuna San José en el centro ampliado de la ciudad de Manizales con la construcción de unas 3.500 viviendas VIS y VIP y un presupuesto nacional de 40 mil millones, complementado con 160 mil millones de vigencias futuras de la Alcaldía de Manizales. Dentro del proyecto se definió un área denominada Zona Mixta, en las zonas más planas de la Comuna, como un área de oportunidad para extraer altas plusvalías.

El Macroproyecto San Antonio, se formuló desde sus inicios como un proyecto de reubicación de los habitantes localizados en las zonas de bajamar de la Isla Cascajal (Conpes 3583/2009) en Buenaventura hacia un área de reserva ambiental llamada San Antonio en zona continental; un área bruta de 214 hectáreas y un potencial de 4.000 viviendas, para un presupuesto de alrededor de 78 mil millones aportados por el gobierno nacional como producto de la incautación de dólares del narcotráfico en la zona del Valle del Cauca. La reubicación permitiría liberar unas 180 hectáreas de suelo en la Isla Cascajal para implementar el Malecón Bahía de la Cruz con fines turísticos bajo el esquema de una Alianza Público-Privada en donde la banca mundial y otras corporaciones trasnacionales podrán emprender procesos de revalorización de suelo y localización de sus negocios dirigidos hacia la cuenca del pacífico.

Ya casi una década de implementación de ambos proyectos han develado muchas problemáticas y grandes coincidencias derivadas de dos ejes principales: la violación sistemática del gobierno nacional y local del derecho de las comunidades locales o raizales a vivir en el centro de la ciudad y el desplazamiento intraurbano generado por el uso de diferentes y sofisticadas formas de violencia estatal o paraestatal. Miremos otras coincidencias, además de las ya reseñadas:

Ambos proyectos definieron unas zonas de expulsión de población en áreas periféricas. En el macro San José, se han trasladado alrededor de 350 familias al barrio San Sebastián de la Comuna Ciudadela Norte, una de las más pobres de la ciudad y con mayores niveles de hacinamiento promovidos por el propio Estado. En el Macro San Antonio, ya se han trasladado unas 568 familias de las zonas costeras de la Isla Cascajal a una zona continental considerada reserva ambiental, lo cual lo hace aún más problemático.

En ambos casos la valoración del riesgo fue la justificación para el traslado inicial. En San José, el riesgo no mitigable de deslizamiento; en San Antonio, el peligro de un Tsunami sobre la población pobre ubicada en viviendas palafíticas de las áreas costeras de la Isla Cascajal. Lo curioso es que el riesgo solo se aplicó como mecanismo de expulsión puesto que una vez se logró el objetivo, desapareció la valoración del riesgo para que ingresaran las nuevas actividades de alto valor. En el caso San José sin que haya mediado siquiera un tratamiento para mitigarlo.

Los instrumentos empleados para el traslado son las amenazas de expropiación de los predios o su expulsión. En la isla Cascajal las condiciones son más dramáticas por la actuación de diferentes grupos armados ilegales que contribuyen en esa tarea mediante el uso de la violencia en sus expresiones más degradantes (las llamadas casas de pique). En las nuevas zonas de asentamiento se disparan otras formas de violencia asociadas a la falta de empleo, la ruptura con sus formas de subsistencia, la ausencia de equipamientos como escuelas, vías de acceso, parques y espacios públicos adecuados.

El tejido social, las historias, memorias e imaginarios se fracturan, viéndose obligados a construir unos nuevos o a migrar a las zonas de origen para intentar sobrevivir, apoyados en los lasos familiares o en las redes de conocidos y amigos.

Subsiste la negación de mecanismos de participación reales de las comunidades afectadas en el proceso de toma de decisiones. En San José se han hecho varios cabildos abiertos y un tribunal de opinión liderado por importantes juristas que recogió todas las evidencias de violación de los DDHH y falló a favor de la reformulación del Macroproyecto. Ninguna de esas voces ha sido escuchada. En San Antonio, se desconoció originalmente el proceso de consulta previa al que tienen derecho las comunidades negras y se violó la autonomía de las comunidades indígenas asentadas en la reserva San Antonio. Posteriormente, y por la acción organizada de estas comunidades se han incorporado algunos procesos limitados de toma de decisiones, sin que les permita reestructurar el proyecto para restituir los derechos conculcados.

No dudamos en caracterizar ambos macroproyectos como unos macrodesastres, así como la política nacional de vivienda en áreas de renovación urbana que les sirve de sustento. La reformulación de estos Macroproyectos es una demanda que deben enarbolar los ciudadanos afectados y la sociedad en general por ser procesos de gentrificación, desplazamiento y violación de DDHH esenciales.

Referencias bibliográficas:

Harvey, David. (2007). Espacios de esperanza. Ed. Akal. Madrid.

Harvey, David. (2007a). Urbanismo y desigualdad social. 7ª edición, Siglo XXI Editores. Madrid.

Lefebvre, Henri. (1969). El derecho a la ciudad. Ediciones Península, Barcelona.

López Morales, Ernesto. (2013). Gentrificación en Chile: aportes y evidencias para una discusión necesaria. En: Revista de Geografía Norte Grande, Nº56: 31-52. Recuperado de: http://www.scielo.cl/pdf/rgeong/n56/art03.pdf

[1] Conocido más recientemente como proceso de “gentrificación” según López Morales, Ernesto. (2013). Gentrificación en Chile: aportes y evidencias para una discusión necesaria. En: Revista de Geografía Norte Grande, Nº56: 31-52. Recuperado de: http://www.scielo.cl/pdf/rgeong/n56/art03.pdf

Publicado en: http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/nacional/item/indignacion-y-resistencia-contra-los-macro-proyectos-vis-y-vip-de-san-jose-manizales-y-san-antonio-buenaventura?category_id=138

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2 thoughts on “Indignación y resistencia contra los macro-proyectos VIS y VIP de San José (Manizales) y San Antonio (Buenaventura)”

  1. El macroproyecto de San José rompió esa seguridad ontológica que sus habitantes tenían. Los lazos sociales, imaginarios sociales y habituación se perdieron, debido al desplazamiento forzado legal por parte del Estado en nombre del llamado progreso y mitigación del riesgo. Todos sabemos los intereses económicos y políticos particulares que pòsee este macro desastre.
    Buen articulo profe.

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