Por: Luis Fdo. Acebedo R
El presidente electo Juan Manuel Santos ha anunciado la división del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –MAVDT- en dos nuevos ministerios, a saber: Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y Vivienda, Ciudad y Territorio. La alternativa aparentemente se ha justificado por el interés de devolverle la autonomía a los temas ambientales para abordarlos especialmente desde la perspectiva ecológica, ahora que ya nadie parece ignorar la degradación de los conflictos ambientales en el mundo y por supuesto en Colombia por cuenta de unos modelos de desarrollo totalmente insostenibles. Para el efecto, se ha designado a la bióloga Sandra Bessudo como nueva Ministra de esa cartera, quien se ha dedicado a la protección de la biodiversidad en algunos ecosistemas marinos a través de su Fundación Malpelo.
Del ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial se ha hablado poco, excepto por el interés del nuevo gobierno de darle un nuevo impulso a los proyectos de vivienda, un tema en el que se vienen rajando todos los gobiernos desde hace varias décadas, toda vez que la construcción de nuevas soluciones habitacionales siembre ha sido inferior al crecimiento exponencial de la demanda por cuenta de su ligazón y dependencia del sistema financiero privado. No en vano, se anunció la designación de Beatriz Uribe, asidua representante de los promotores inmobiliarios desde hace varios años, como Ministra de esta nueva cartera, con lo cual las inquietudes se multiplican.
Habrá que esperar la manera como se implementarán estas medidas pues los simples compromisos de campaña electoral no son garantía de cambios importantes en los temas del ordenamiento ambiental y territorial de la nación y las regiones. De hecho, los primeros anuncios dejan más preocupaciones que buenas expectativas, sobre todo cuando comienzan a develarse los nuevos proyectos mineros a cielo abierto y la posibilidad de convertir a Colombia en un exportador neto de recursos naturales en un mundo globalizado que compite por conocimiento e innovación. Como se sabe, los inversionistas privados odian cualquier tipo de regulación que implique el uso de tecnologías orientadas a mitigar los impactos ambientales, a proteger la biodiversidad y las fuentes de agua. Y obviamente, los gobiernos han preferido la seguridad jurídica para la protección del capital extranjero y no la sostenibilidad ambiental para la protección del medio ambiente y la calidad de vida de las especies animales y vegetales, incluyendo la humana.
La creación del MAVDT en el gobierno que declina, por ejemplo, fue anunciada como una posibilidad de lograr una mayor integración entre medio ambiente y desarrollo con criterios de sostenibilidad, más sin embargo, resultó todo lo contrario: Un ministerio de segunda categoría completamente laxo en los asuntos ambientales, más orientado a promover la explotación irracional de los recursos naturales y la desregulación en materia de ordenamiento territorial, debilitando los POT municipales al punto de superponerles los Macroproyectos de Interés Social Nacional –MISN- como instrumentos centralizados, y autoritarios de mayor jerarquía. Se impuso la “confianza inversionista” sobre la sostenibilidad ambiental y con ello se borró de un tajo los avances alcanzados en la constitución de 1991, haciendo de estos últimos y largos años una década perdida en procura de lograr ciudades y territorios sostenibles.
Sólo queda esperar que el Pacto Ambiental Colombiano que suscribieron los precandidatos presidenciales y que ahora compromete al electo presidente Santos, sea inspirador de las reformas que se prevén en esta materia y que no sea uno más de los compromisos políticos de campaña que se abandonan cuando comienzan a gobernar. El compromiso, como dice el pacto de marras es “ir reemplazando un modelo de desarrollo insostenible por otro que coloque la sostenibilidad como el empeño primordial de la sociedad colombiana y de su gobierno”. La verdad es que quizás el primer paso no sea de orden organizativo como la creación de dos nuevos ministerios, sino el debate en torno a ese nuevo modelo de desarrollo, que por lo que se ha anunciado, no tendrá lugar en el nuevo gobierno al declararse continuador del que tanto daño le hizo a la sostenibilidad ambiental en los últimos años.
