Por Luis Acebedo[1]
El siglo XXI en Colombia ha incorporado un nuevo escenario de contradicciones en las relaciones sociales: la disputa por la apropiación del espacio como valor de cambio, o más generalmente, la lucha individual o colectiva por la plusvalía generada por el suelo urbano integrado a circuitos financieros globales especulativos. Desde los orígenes del capitalismo, el suelo urbano forma parte del mercado -se compra, se vende y genera rentas inmobiliarias o sirve para fijar capital mediante inversiones en activos inmobiliarios o productivos-. En el siglo XX, el espacio se veía principalmente como soporte de las relaciones sociales y productivas, es decir, un bien más o menos pasivo, necesario para garantizar la producción de mercancías, la circulación de bienes o la reproducción social del capitalismo industrial o comercial.
La Constitución Política de 1991 marcó un punto de inflexión al abrir la economía colombiana a los mercados globales, elevando el suelo urbano como “ramo de la economía”. Los gobiernos sucesivos se encargaron de desmantelar las viejas instituciones estatales que proveían viviendas, parques, colegios y hospitales como derechos de primera generación, reemplazándolas por una nueva arquitectura institucional que integra actividades privadas para garantizar el mercado del suelo y de las construcciones -desde la propiedad del suelo, la banca, los productores de materiales e insumos, las aseguradoras y evaluadoras- en un “cluster” monopólico de la construcción.
Neoliberalización del Ordenamiento Territorial
Bajo las premisas anteriores, el ordenamiento territorial colombiano se convirtió en una herramienta para favorecer el capital financiero dedicado a apalancar los negocios inmobiliarios de las empresas monopólicas de la cadena de la construcción. Aunque la ley 388 de 1997 -que reguló el ordenamiento territorial a nivel municipal- buscaba priorizar intereses públicos y colectivos, regular conflictos y garantizar la función social y ecológica de la propiedad, la legislación urbana de las últimas tres décadas ha favorecido al capital financiero en la urbanización. Se han debilitado o ignorado normas sobre participación ciudadana, cobro de plusvalía en grandes proyectos para garantizar justicia espacial, distribución equitativa de cargas y beneficios, y derechos a un ambiente sano y al agua.
En 2022, la Política Nacional de Desarrollo Urbano (aprobada bajo influencia OCDE) impulsó catastros multipropósito y áreas metropolitanas, promoviendo endeudamiento con BID y Banco Mundial para vivienda de altos estándares y usos comerciales rentables. La vivienda social se volvió inaccesible y los atributos urbanos como el espacio público se quedaron estancados haciendo más difícil la convivencia social en las ciudades.
Los procesos de expropiación del gran capital a la pequeña propiedad están generando desplazamientos intraurbanos y formas de movilización socio-espacial muy variadas. La gentrificación urbana y verde[2] son consecuencia de fenómenos migratorios generados por el gran capital y amenazan con expandirse a niveles metropolitanos y regionales.
Grandes proyectos de movilidad urbana como el metro o el tranvía están provocando procesos de renovación urbana de enormes corredores espaciales para favorecer la construcción de centros comerciales y oficinas que no se ocupan de garantizar vivienda nueva para las familias afectadas. Son formas de revalorización de la propiedad basados en la expropiación del suelo, desconociendo otras formas de gestión asociada que reintegre a los habitantes originales dentro de esos proyectos.
Infraestructuras y Corrupción
El ordenamiento territorial prometió regionalización (Ley 1962 de 2019) con muy pocos niveles de aplicabilidad hasta la fecha. Grandes infraestructuras como las vías 4G/5G, la promesa de ferrocarriles, puertos, aeropuertos, o las grandes infraestructuras de servicios públicos como represas, PTAR[3], han desviado recursos públicos a privados vía contratos. Empresas globales financian campañas políticas, reciben presupuestos sin completar obras, perpetuando el atraso en comunidades pobres y fortaleciendo el mercado inmobiliario[4].
Hoy no se construye ciudad y territorio como lugares de encuentro y garantía de una calidad de vida superior. Muchos sectores de la sociedad unen esfuerzos para garantizar el logro de un ambiente sano, defienden el agua como bien colectivo afectado por procesos de extractivismo o sobre-explotación del suelo. Existe una mayor conciencia colectiva sobre las graves afectaciones que el capitalismo depredador produce sobre el planeta, como el fenómeno del cambio climático, causante del incremento de las temperaturas y alteración de los ciclos de la vida. Sin embargo, en las cumbres mundiales orientadas a mitigar este daño, brillan por su ausencia las grandes potencias, principales responsables de esta catástrofe.
Luchas Sociales y Justicia Ambiental
Hoy, el derecho a la ciudad y la justicia ambiental se han convertido en reivindicaciones cada vez más generalizadas en las luchas sociales urbanas en Colombia y Latinoamérica contra macroproyectos que degradan ecosistemas y desvían fondos de salud, educación y empleo digno. Fenómenos como la variabilidad climática afectan ahora a ciudades y metrópolis, uniendo clases sociales contra el capitalismo depredador.
El oriente antioqueño es uno de esos ejemplos más recientes de resistencia ciudadana que ha logrado en tres ocasiones detener la antidemocrática consulta impulsada por los gobiernos municipales como requisito para aprobar las áreas metropolitanas. Recientemente, el Congreso rebajó el porcentaje de participación ciudadana para su aprobación del 20 % al 5%. Ahora toman un nuevo impulso para lograr que ocho municipios de los más de 30 que se asientan en el llamado Valle de San Nicolás, aprueben la constitución del área metropolitana, con el fin de promover proyectos inmobiliarios en esa estratégica región de Antioquia y del país. En otras regiones como Valle del Cauca y Caldas, algunos municipios han votado negativamente su inclusión en estos procesos, en donde la llamada ciudad núcleo (la capital de departamento) asume el control de los demás municipios y se autoproclama autoridad ambiental del territorio centralizado.
Alternativas:
Un segundo período de gobierno progresista para el período 2026-2030 en Colombia debe incluir entre sus asuntos programáticos un reordenamiento territorial nacional que consolide los cambios iniciados por el gobierno actual en materia de reforma agraria. Sin embargo, sería incompleto si no se aborda paralelamente la reforma urbana, porque la posibilidad de lograr una paz estable y duradera pasa por la integración de ambas reformas en un nuevo ordenamiento territorial de la nación, basado en las culturas continentales y marítimas, en el subsuelo y el espacio aéreo, para un proyecto de sociedad diferente al neoliberalismo.
Se requieren otras relaciones no mercantiles entre sociedad y naturaleza, así como el estímulo de diferentes expresiones espaciales de poblamiento determinadas por relaciones productivas históricas que potencien los procesos asociativos y de colectivización como base de un modo de producción más justo y equitativo. No es posible una estrategia de ordenamiento territorial homogenizadora, sino diferentes formas de organización según las características culturales, sociales, ambientales, productivas y geográficas de nuestro variado territorio y maritorio. Deben ser los pueblos, no los gobiernos de turno, los que deben identificar y definir cuáles son las formas de organización regional, subregional e incluso local, a partir del reconocimiento de las determinantes geográficas estructurales, en donde la(s) cuenca(s) hidrográfica(s) se convierte(n) en el ecosistema que articula las diferentes formas de poblamiento con el agua que garantiza la vida.
Colombia debe reorientar el ordenamiento territorial hacia la garantía de derechos colectivos, en lugar del lucro especulativo. Y esto implica desmontar las leyes que ponen en el centro del reordenamiento territorial la mercantilización de la tierra agraria y del suelo urbano. En su defecto, los procesos de asociatividad y cooperación deben convertirse en instrumentos mucho más fuertes para lograr consolidar la red de ciudades productivas, la protección de ecosistemas estratégicos, la seguridad y soberanía alimentaria.
Un nuevo acuerdo colectivo construido desde la base de la sociedad, debe facilitar el tránsito hacia una sociedad más humanista, más integrada a la naturaleza y más justa en términos de redistribución de la riqueza, construida sobre las experiencias de colectivización presentes en la sociedad colombiana desde el tiempo de los pueblos originarios. La experiencia de países (no socialistas) que prohíben o limitan la propiedad privada del suelo[5] es una manera de controlar los procesos especulativos en torno al suelo y el subsuelo para acabar las tensiones entre el campo y la ciudad.
Los procesos participativos tendrán que profundizarse a diferentes niveles, garantizando las autonomías territoriales y de los pueblos originarios, pero superando las divisiones político-administrativas actuales por procesos histórico-geográficos que redefinan las nuevas relaciones sociales y espaciales en el marco de una naturaleza afectada por el cambio climático, que ha provocado una sociedad y un modo de producción en crisis.
Las nociones de poder popular que emergen de las luchas sociales por el espacio, el territorio [6]y la naturaleza están mostrando un camino muy interesante para impregnar de confianza a las organizaciones sociales y políticas de la necesidad de nuevas formas de ejercicio de poder. En una sociedad donde el autoritarismo avanza con firmeza – desde los intentos recientes de recolonización del imperio norteamericano sobre el maritorio del caribe y pacífico colombiano, hasta las prácticas de expropiación de la pequeña propiedad con fines monopólico privados que hoy consagra la ley de ordenamiento territorial reformada-, también emergen de la base de la sociedad caminos alternativos que interpelan o incluso emplean los vacíos de las leyes burguesas para derrotar, así sea temporal y específicamente, a los detentadores de prácticas autoritarias.
No solo el activismo judicial, sino la movilización social, se han convertido en escenarios de contradicción y confrontación socio-ambiental para hacer prevalecer o conquistar derechos colectivos en materia de ordenamiento territorial. Es necesario aprender de esas experiencias y acompañarlas para educar en formas de ejercicio del poder popular en el marco del capitalismo, que pueden convertirse en los gérmenes de nuevas formas de empoderamiento social y político en oposición al capitalismo y al imperialismo actual, así como los Burgos en Europa se convirtieron en el germen de la derrota del poder medieval.
[1] Arquitecto, Magister y Doctor en Urbanismo. Activista político por el derecho a la ciudad y la justicia espacial.
[2] El concepto tiene origen en Inglaterra. Se refiere a procesos de expulsión de población pobre y reapropiación por sectores sociales de mayor poder adquisitivo. La gentrificación “verde” se acuñó a partir de asumir como argumento principal para la expropiación o el desplazamiento, el riesgo provocado por fenómenos ambientales y antrópicos, tales como inundaciones, tsunamis, deslizamientos, incendios, etc.
[3] Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
[4] Odebrecht en Brasil es quizás el caso más sonado, pero también hay empresas españolas, mexicanas, argentinas y colombianas que han provocado desfalcos y desvío de fondos púbicos a privados, como el caso de los centros poblados y su proyecto de dotación de aulas TIC. En 2025, auditorías de la Contraloría revelaron sobrecostos del 30% en proyectos viales, mientras comunidades indígenas pierden acceso a agua por extractivismo.
[5] Singapur, La India, Arabia Saudita y Emiratos Árabes, entre otros. En Colombia, los resguardos indígenas son de propiedad colectiva y tienen un carácter inalienable, imprescriptible e inembargable de acuerdo a la constitución política de 1991. Lo mismo sucede con algunos predios de los consejos comunitarios de las comunidades negras.
[6] El maritorio es un concepto que surgió en América Latina para significar la necesidad de reconocer el mar, las costas, las islas y los ecosistemas marinos, entendidos no solo como un recurso económico, sino como un espacio de vida, cultura e identidad. Complementa el concepto de territorio, cuyo significado está asociado con las zonas continentales de poblamiento.
