Por: Luis Fernando Acebedo Restrepo (Arquitecto, Magister y Doctor en Urbanismo, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia)
Ponencia presentada al Concejo de Manizales en el debate sobre obras por valorización, 17/06/2025
En el año 2017 escribí una columna de opinión en el diario La Patria de Manizales que titulé MANIZALES, CIUDAD PUENTE. Mis predicciones desafortunadamente se hicieron realidad en menos de una década. El problema es que mientras en el mundo han comenzado a caer los puentes que se construyeron desde mediados del siglo pasado para cambiar ese modelo que privilegió el vehículo privado, hoy la prioridad es abrir parques, ciclorrutas y mejorar la calidad del aire y la movilidad colectiva. Manizales va en contravía de esa tendencia. Los resultados ya los conocemos y los estamos empezando a sufrir, pero los alcaldes no se dan por enterados porque están comprometidos con procesos de planeación urbana obsoletos que siguen privilegiando los beneficios privados por encima de los colectivos. Esto se concreta en proyectos con máximos aprovechamientos y cargas mínimas. La plusvalía urbana generada por el estado es apropiada en un 100% por estos proyectos privados cuando la obligación es compartirla con el Estado.
Los cuatro proyectos de infraestructura vial que se pretenden financiar por valorización en la comuna Atardeceres, plan parcial Bella Suiza y zona industrial de Malteria, responden a una necesidad específica de los empresarios inmobiliarios que tienen aprobados planes parciales o los están construyendo, centros comerciales y proyectos de vivienda para estratos medios y altos o grandes industrias que requieren más suelo para la movilidad y zonas de cargue y descargue. Lo que se busca es que los habitantes de los barrios aledaños paguen anticipadamente las obras que deberían ser incluidas en el pago total o parcial de las cargas urbanísticas de esos planes parciales y de los proyectos urbanos de expansión.
En Manizales, bajo una equivocada interpretación de la ley de ordenamiento territorial, solo se les cobra las mínimas cargas locales a los empresarios inmobiliarios, mientras el municipio decide asumir las cargas generales, pero transfiriéndole su financiación a todos los ciudadanos mediante el impuesto de valorización, bajo el argumento de que no existen otros instrumentos de financiación y gestión disponibles. La avenida Kevin Ángel se llenó de puentes y sin embargo, no hay soluciones de movilidad reales y efectivas, porque un nuevo puente es el anticipo de otra congestión vehícular más adelante. La culpa de ese vacío en la reglamentación recae en los alcaldes de las últimas tres décadas, por eso no le pueden trasladar a los ciudadanos el incumplimiento de sus responsabilidades en la búsqueda de diferentes fuentes de financiación y gestión urbana que el ordenamiento territorial previó desde 1997.
Cuando observamos, por ejemplo, la realidad de la zona de La Francia, Alcázares y Morrogacho, nos encontramos con unas zonas de expansión urbana que está en pleno desarrollo urbanístico, y sin embargo, el municipio no sabe cuáles serán los impactos que tendrá semejante flexibilidad en la densificación urbana, cuántos habitantes albergará ese sector, cuántos vehículos ingresarán cuando todos esos proyectos estén entregados, qué infraestructuras de movilidad se requieren y qué impacto tendrán los vehículos parqueados sobre las mismas vías construidas desde la década de los años 40 del siglo pasado.
Tampoco saben cuáles serán las consecuencias ambientales sobre el ecoparque Los Alcázares y las laderas de Chipre, donde existen abundantes nacimientos de microcuencas, laderas de protección y suelos inestables por las altas pendientes y la abundante agua. Todas estas problemáticas requieren atención, anticipación y búsqueda de financiación para prevenir un desastre ecológico que está por venir con semejante presión urbanística. Lo que sí está claro es que a los más de 300 proyectos inmobiliarios que hoy se desarrollan no se les están cobrando proporcionalmente las cargas urbanísticas que tendrá ese proceso de especulación inmobiliaria.
El balance de esta realidad no es alentador:
Son proyectos de infraestructura vial relacionados con ampliación de suelos de expansión urbana. Las cargas deben ser distribuidas proporcionalmente entre esos proyectos, NO entre los actuales habitantes que ya han pagado lo suyo en décadas pasadas.
No hay procesos de planeación urbana serios de áreas de expansión y/o planes parciales orientados a una distribución equitativa de cargas urbanísticas, mientras que los beneficios ya fueron entregados por anticipado a los constructores con total generosidad.
La ciudad no ha reglamentado diferentes instrumentos de financiación y gestión (ej: plusvalía urbana, entre muchos otros). Por tanto, los ciudadanos no estamos obligados a pagar valorización por cuenta del incumplimiento de las leyes o por negarse a su reglamentación. El alcalde actual le debe cumplir a la ciudad para garantizar que las empresas inmobiliarias, a las cuales enriquece, paguen las obligaciones que les corresponden proporcional a los beneficios que obtienen.
No hay claridad sobre impactos ambientales en el proyecto de infraestructura vial La Francia-Alcázares-Morrogacho. Es fácil anticipar un desastre ecológico en torno al ecoparque Los Alcázares. La ciudad debe exigir los estudios y alternativas que demuestren lo contrario.
Propuestas:
- Avanzar en la implementación del SITP de Manizales. El Alcalde debe presentar un cronograma de ejecución de este proyecto estratégico que nos interesa a todos. Este proyecto colectivo sí podemos financiarlo por valorización y otros instrumentos.
- Cambiar modelo de movilidad basado en vehículo particular y en la inducción de la demanda. El tranvía por la avenida Santander es una opción.
- Si no hay reglamentación de instrumentos de financiación y gestión, no puede haber imposición de métodos de pago de cargas, menos por valorización.
- Una ciudad bien planeada debe ser equitativa y justa socialmente.
