Por: Luis Fdo. Acebedo R.

El 30 de octubre pasado, el periódico El Espectador editorializó sobre el Plan de Ordenamiento Territorial –POT- de Bogotá. Es tal la gravedad de lo que está sucediendo en Colombia con el ordenamiento territorial que ya es motivo de preocupación de las grandes firmas editoriales, quienes poco se han ocupado de estos temas en el pasado. Y no es para menos. Muchos municipios se aprestan a ajustar o reformular sus POT en un ambiente de total incertidumbre por cuenta de las decisiones autocráticas del gobierno nacional.

Para el caso de Bogotá, El Espectador denuncia la existencia de dos modelos de ocupación territorial en disputa. La primera, aprobada incluso en el Plan de Desarrollo del gobierno nacional, orientada hacia las ciudades compactas. Y la segunda, provocada por el sector inmobiliario especulativo, pero con la anuencia del gobierno nacional, consistente en un modelo expansivo o difuso, supremamente grave para la sostenibilidad ambiental de la Sabana y para los propósitos de construcción de Región. En mi opinión, el gobierno nacional está jugando a dos bandas.

Denuncia El Espectador (30 de octubre de 2009):

El Gobierno viene promoviendo grandes programas de vivienda por fuera del perímetro de las principales ciudades, en clara aplicación del modelo territorial expansivo —en torno a Bogotá se harán en Soacha, Funza y Mosquera—. También impulsa el tren de cercanías, que fácilmente se transformará, como ocurrió con la Autopista Norte, la Autopista Sur y la Calle 80, en un eje de movilidad al que se le irán colgando inmensos proyectos urbanísticos. La autorización acelerada de zonas francas en la Sabana, sin previo estudio de la presión que ejercen por la construcción de vías, redes de servicios domiciliarios y otros emplazamientos, es otro factor introducido por el Gobierno nacional que estimula la expansión y la conurbación.

Esta dinámica está llevando a Bogotá a expandirse como mancha de aceite sobre la Sabana y a conurbarse con los municipios vecinos. Por eso, el editorialista se pregunta ¿qué sentido tiene la revisión del POT bogotano en este contexto de debilitamiento de la autonomía distrital para decidir sobre el futuro de su territorio?.

La verdad es que es una pregunta que se hace extensiva a todos los municipios de Colombia que formularon su POT, y que ahora deben incluir de manera obligatoria los Macroproyectos de Interés Social Nacional –MISN- como normas de superior jerarquía, pues por cuenta de unos súper poderes otorgados al gobierno nacional se le dio un zarpazo casi mortal a los valores más democráticos de la ley de ordenamiento territorial de 1997. Yo iría más allá al plantear dos ideas contundentes:

1. Que con la aprobación de los MISN, el gobierno nacional restituyó para su propio beneficio y el de sus amigos, la lógica de actuación de los urbanizadores piratas que por tantas décadas engañaron y usurparon a millones de destechados en Colombia al pasar por encima de las decisiones del ordenamiento territorial para legalizar la urbanización de lotes por fuera del perímetro urbano aprobado.

2. Que los MISN son el equivalente de Agro Ingreso Seguro –AIS- en materia de política de subsidios para los más ricos. Esta vez, los beneficiarios son los lotifundistas, los grandes urbanizadores y los especuladores inmobiliarios del país. Las estrategias son la habilitación de suelo rural a suelo urbano; la expropiación de suelo urbano de bajo costo para desarrollar grandes operaciones inmobiliarias subsidiadas por el Estado mediante la cualificación de sus infraestructuras o el otorgamiento de crédito a bajo costo.

El Macroproyecto San José en Manizales, en mi opinión, es la tapa, la experiencia más cualificada del gana-gana con el cual el gobierno nacional consolida su política de la “confianza inversionista”. Es una demostración de que tanto el modelo expansionista como el compacto son utilizados por el gobierno nacional con los mismos propósitos. Aquí están los verdaderos maestros en la interpretación de los MISN como negocio especulativo inmobiliario empleando la estrategia de Modelo de Ocupación Territorial –MOT- compacto. Veamos algunas razones:

El suelo ya está creado y cuenta con la red básica de servicios públicos. Está en manos de pequeños propietarios, a los cuales se les aplicarán los instrumentos de enajenación y expropiación para generar grandes ofertas de suelo mediante procesos de integración inmobiliaria. Los mejores lotes, los más planos, integrados en predios de mayor tamaño, no serán destinados a Vivienda de Interés Social (VIS) o Viviendas de Interés Prioritario (VIP), tal como lo exige la ley, sino que serán ofertados para al comercio y los servicios, pero con una gran diferencia, contarán con todas las infraestructuras, incluyendo la construcción de una gran avenida -la famosa Avenida Colón- que cumplirá la doble función de valorizar los predios a los nuevos dueños y servir de límite o barrera segregacionista para los proyectos VIS y VIP que se construirán sobre las laderas habitables de la Comuna San José en los extramuros de la zona norte a donde siempre han estado relegados.

Es evidente que el MISN San José no fue creado para habilitar suelo para VIS y VIP, sino para hacer una renovación urbana de cambio de uso residencial a comercial y de servicios, junto con procesos de integración inmobiliaria, bajo el amparo de unas medidas excepcionales creadas por el gobierno nacional (Decreto 4260/07) para “la ejecución de operaciones urbanísticas integrales de gestión y provisión para vivienda (el subrayado es nuestro), con especial énfasis en VIS y VIP”. ¿Acaso no estamos frente al empleo amañado del instrumento MISN que configura, además, un uso ilegal?. ¿No se está usando la ley para lograr propósitos radicalmente contrarios a los propuestos?.

Sobradas razones tienen los habitantes de San José para oponerse a este proyecto, lleno de inconsistencias, marrullerías, ilegalidades, pero por sobre todo, inequidades en el desarrollo urbano que lo hacen ambiental y socialmente insostenibles.

Ahora entiendo porqué éste es uno de los proyectos menos socializados entre la comunidad y cuyo conocimiento integral se ha vuelto casi un misterio. Yo, en particular, tuve que recurrir a un derecho de petición para poder acceder a la información del proyecto MISN San José.

01/11/09