Por: Luis Acebedo. Profesor Universidad Nacional de Colombia
Publicado en el diario La Patria (27/03/2016)
Ahora que se avecina la posibilidad de la firma de un acuerdo con las Farc que conduzca a la dejación de armas por parte de esa guerrilla, se incrementan los bombardeos mediáticos por parte de quienes quisieran que la industria de la guerra en Colombia se prolongara por otros 50 años. Los enemigos de la negociación política argumentan la defensa de la constitución y la ley, pero son los mismos que en el pasado reciente combinaron “todas las formas de lucha” legales e ilegales para eliminar a quienes consideraban enemigos del gobierno, incluyendo campesinos, políticos, intelectuales, defensores de DDHH, hombres y mujeres expropiados de sus territorios.
La tierra y el territorio son dos asuntos que están en el centro de las negociaciones de La Habana, una disputa histórica y prolongada no resuelta, en la que las armas del Estado, las guerrillas, los grupos paraestatales y delincuentes han dejado miles de muertos, desaparecidos y desplazados, ante la ausencia de una reforma agraria y urbana integral en el momento oportuno. El Gran Caldas tuvo la oportunidad de hacer tales reformas comenzando la segunda mitad del siglo XX. Por esa época se discutía en Colombia la necesidad de implementar reformas democráticas que impidieran la prolongación de la revolución socialista de Cuba sobre nuestros territorios. Tanto la Operación Colombia liderada por Lauchlin Currie, como la llamada Alianza para el Progreso emprendida por el presidente Kennedy para América Latina, se constituyeron en dos formas distintas de afrontar un mismo problema: la pobreza y la desigualdad, caldo de cultivo para las ideas socialistas, según esas teorías.
El informe “Caldas en 1952” entregado por la Misión Currie al Gobernador del Departamento de la época, representó el estudio piloto para la posterior entrega de la Operación Colombia para el Gran Caldas en 1960. El Departamento era rural (74%), una producción asociada al minifundio del café, con bajo ingreso percápita y baja competencia en otros cultivos. Las condiciones socioeconómicas de hoy parecen ser las mismas, aunque la población ya es mayoritariamente urbana.
La Misión Currie propuso acelerar el proceso de urbanización e industrialización para mejorar los niveles de empleo y producción urbana, tecnificar el campo y modificar el sistema de propiedad minifundista por otro de mayor extensión. En últimas, se trataba de priorizar el crecimiento productivo sobre el económico (PIB), aprovechando el dinamismo que generaba la economía del café.
Finalmente se impuso la visión más conservadora, representada por la Alianza para el Progreso: la aceleración del proceso de urbanización, pero por la vía más reaccionaria, es decir, la expropiación de tierras en el campo y la generalización de la violencia bajo la teoría del enemigo interno. Y como consecuencia de ello, la fragmentación del territorio en tres departamentos con el consecuente debilitamiento de cada uno de ellos en el contexto nacional.
Razones de sobra tenemos para decirle a los enemigos furibundos de la negociación en La Habana que no queremos más guerra, para dar paso a la reconstrucción de los territorios fracturados y fragmentados por décadas de violencias. La dejación de las armas no significará la ausencia de conflictos, todo lo contrario, quizás se intensifiquen pero sin fusiles. Todo depende de la manera como se implementen los acuerdos, pues es bien sabido que no hay unidad de criterio en torno al entendimiento de la “Paz Territorial”. Algunos mantendrán su visión colonizadora, desplazando a las comunidades históricamente asentadas por nuevos empresarios acumuladores de tierras, productores de monocultivos o impulsores de megaminería, estimulados por la reciente ley Zidres; otros intentarán conservar el imaginario del “control territorial” que impusieron en épocas de subversión armada; mientras que los campesinos e indígenas, junto a los pobladores urbanos, podrían seguir siendo ignorados, cuando han sido las principales víctimas desarmadas de esta aguda confrontación.
Capítulo especial debería dedicarse a las implicaciones del pos-acuerdo en las ciudades. Un proceso de urbanización con desindustrialización como el que estamos viviendo, está generado el incremento de nuevas violencias en las ciudades por acumulación por desposesión de pequeños propietarios urbanos, justificado por ideas de progreso y desarrollo que están convirtiendo los barrios en nuevos escenarios de confrontación armada civil. Todo porque algunos actúan como si la ciudad ya no fuera para los ciudadanos.
