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¿AGORAFOBIA?

Por: Luis Fernando Acebedo R [1]

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 Intervención Urbana de Franco Elías Gustin, estudiante de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, Asignatura Territorio y Sociedad. 2013.

Ahora que las ciudades se han visto abocadas a evaluar los logros alcanzados en 12 años de ejecución de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), los balances comienzan a estremecernos por sus muy bajas ejecutorias. Al detenerse en los indicadores de Espacio Público el asunto es aún más dramático. Lejos estamos de alcanzar la meta de lograr los 15 m2 por habitante del Decreto 1504 de 1998 o los 10m2 sugeridos por la Organización Mundial de la Salud.

 

Las ciudades grandes e intermedias evaluadas por la Red Cómo Vamos[2] dan cuenta que en promedio se ha alcanzado la modesta cifra de 3,3% de espacio público efectivo por habitante. Según el DNP (2012, pág 8), esta cifra es la misma que se calculó en 2010 para la totalidad de las ciudades colombianas; sin embargo, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio muestra con orgullo que el sector de la construcción ha venido destacándose en los últimos años como el renglón más dinámico de la economía, llegando a ocupar un 14.2% del PIB durante el primer semestre del 2014. Muchas obras, pero poco espacio público, parece ser la conclusión. Es lo que algunos autores llaman las ciudades del infraestructuralismo o más genéricamente la anti-ciudad.

Más allá de las frías cifras y de los esfuerzos que hacen algunas municipalidades por engordar sus indicadores presionando por el reconocimiento de las vías para los carros como espacio público efectivo o las laderas urbanas que resultan de los tratamientos de gestión del riesgo o las reservas ecológicas sin posibilidades de disfrute colectivo o las áreas de cesión o  hasta el paisaje lejano, la pregunta que deberíamos hacernos es ¿Qué tan importante es el espacio público como ordenador del territorio para elevar la  calidad de vida de los ciudadanos?

La respuesta es diferenciada dependiendo del punto de vista que se asuma. Para los ciudadanos, este es un asunto cada vez más vital y lo demuestran el incremento significativo de protestas, acciones populares y tutelas en defensa del espacio púbico, los humedales, quebradas o ecosistemas que podrían hacer parte del espacio público. Para los gobiernos, con contadas excepciones, es un costo que compromete la llegada de inversionistas privados. Quizás por esta razón, y como lo demuestra el DNP al evaluar la política de espacio público, son muy pocas las ciudades que han reglamentado los instrumentos de gestión y financiación del espacio público, lo cual quiere decir que el sector privado sigue eludiendo su responsabilidad a la hora de construir ciudad, con la anuencia de alcaldes y concejales que tampoco hacen cumplir la política pública en estas materias.

Tal parece que la agorafobia ha invadido la gestión urbana. Las ciudades crecen y se expanden a ritmos cada vez más acelerados, más no el espacio público. Quizás valga recordar a Edward Glaeser (2011, pág 23) cuando plantea que “las ciudades no están constituidas por edificios, sino por personas”. Aún falta entender que el espacio público es sobre todo un gran acuerdo colectivo para fortalecer el ejercicio de la ciudadanía.

Referentes bibliográficos:

Departamento Nacional de Planeación. (2012). Documento Conpes 3718. Política Nacional de Espacio Público. Recuperado de: https://pwh.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=DnfcXXlwbFM%3D&tabid=1475

Glaeser, Edward. (2011). El triunfo de las ciudades. Ed. Taurus, Madrid, España.


[1] Arquitecto, Magister y Doctor en Urbanismo. Profesor Asociado de la Universidad Nacional de Colombia.

[2] En total son 11 ciudades que hacen parte de la red Cómo Vamos, 6 grandes ciudades (Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena y Medellín), y 5 ciudades intermedias (Ibagué, Manizales, Pereira, Valledupar y Yumbo)

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